El principio de subsidiariedad fue formulado con precisión por Pío XI en la Quadragesimo Anno (1931): 'Es injusto sustraer a los individuos lo que ellos pueden efectuar con su propio esfuerzo e industria para confiarlo a la comunidad, del mismo modo que es dañoso y perturbador del recto orden transferir a una sociedad mayor y más elevada lo que pueden hacer y procurarse comunidades menores e inferiores'.
Esta formulación tiene dos caras que con frecuencia se olvida la una o la otra. La primera cara es la limitación del poder superior: el Estado no debe hacer lo que pueden hacer las familias, los municipios, las asociaciones civiles. La segunda cara, igualmente importante, es la obligación de intervenir cuando las instancias inferiores no pueden por sí solas: el Estado debe ayudar —subsidium— cuando es necesario.
La subsidiariedad no es, por tanto, un principio liberal de reducción del Estado. Es un principio de organización social que busca mantener viva la iniciativa de las personas y las comunidades intermedias, reconociendo al mismo tiempo que hay problemas que solo pueden resolverse a escala superior.
En el debate europeo, la subsidiariedad ha encontrado una aplicación concreta en la distribución de competencias entre la Unión Europea y los Estados miembros. No todo debe decidirse en Bruselas; pero hay materias —el cambio climático, la regulación financiera, la migración— que ningún Estado puede gestionar solo.
Para la vida cotidiana, la subsidiariedad tiene una traducción sencilla: confiar en las personas, apoyar a las familias, fortalecer las comunidades locales y reservar para el Estado solo lo que genuinamente requiere su escala. Una sociedad subsidiaria es una sociedad viva, donde la iniciativa no está monopolizada por el poder central.